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Los comentarios publicados en Internet y sus consecuencias jurídicas (I)
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julio 26, 2015
8:35 pm
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Gustavo Cárdenas Soriano
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julio 10, 2015
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LOS COMENTARIOS PUBLICADOS EN INTERNET Y SUS CONSECUENCIAS JURÍDICAS (I)
El periódico, el radio y la televisión, dejaron ya de ejercer un control “monopólico” dentro del actual modelo de comunicación social masiva, pues ya son los únicos a través de los cuales el receptor puede allegarse de los mensajes que el emisor le transmite. En efecto, gracias a las posibilidades que brindan las nuevas tecnologías es que dichos medios dejaron de ser prácticamente las únicas fuentes de información y comunicación.

Si bien es cierto que no pueden negarse la importancia, influencia y trascendencia que dichos medios aún tienen en nuestra sociedad, también lo es que los mismos han tenido que adaptarse a las nuevas tecnologías: en sus sitios web, redes sociales y aplicaciones, reproducen los contenidos que difunden a través de sus respectivos medios, manteniéndolos actualizados en tiempo real e incluso agregan contenidos que, por llamarlo de algún modo, corresponden a otro tipo de medios, por ejemplo: los periódicos además de publicar sus ejemplares diarios en papel, hacen lo propio a través de internet, donde agregan audios o videos que complementan la información noticiosa. Lo mismo pasa con la televisión y el radio.

Desde luego que todo lo anterior ayuda a tener una sociedad más y mejor informada pero, tal como quedó señalado, dichos medios no son la única forma en que puede generarse y transmitirse información, pues a través de internet es posible emitir expresiones y difundir informaciones, directamente, sin intermediarios y con grandes alcances (cuantitativamente hablando), tan es así que la información allí generada puede “saltar” a los periódicos, radio y televisión.

Hemos visto infinidad de estos casos: un video publicado en YouTube es reproducido repetidamente en programas televisivos, una canción que se hizo viral en internet se encuentra en los primeros lugares de popularidad en las estaciones de radio, un comentario en Facebook o un tuit acaparan páginas en los periódicos. Ejemplos sobran.

Se trata de una relación de complementación más que de interdependencia, aunque ya no tan novedosa pues tenemos algún tiempo viviéndola. Lo novedoso aquí son los diferentes conflictos de derechos que pueden surgir al interactuar en dicha relación.
 
Existirán tantos conflictos como derechos se encuentren en pugna y cada uno deberá analizarse individualmente, a la luz de sus circunstancias particulares y de la existencia o no de regulación y precedentes al respecto, dado que pueden existir conflictos sobre temas muy recientes, novedosos e incluso, aún no regulados suficientemente.

Por ejemplo, los conflictos que pronto comenzarán en nuestro país serán los derivados de los derechos de las audiencias contra los concesionarios de radio y televisión, derechos que están enunciados en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, detallados en un anteproyecto de Lineamientos que al efecto preparó el Instituto Federal de Telecomunicaciones, mismos que actualmente y hasta el 24 de agosto se encuentran sometidos a consulta pública. Sobre estos lineamientos propongo platicar posteriormente, lo único que quiero dejar apuntado en este momento es que tanto la legislación como los lineamientos mencionados son recientes y habrá que analizarlos detalladamente en los conflictos que surjan.

Otro ejemplo que tiene que ver con los derechos de las audiencias pero no únicamente con ellos, es el derecho de réplica, previsto tanto en la Constitución como en Tratados Internacionales, aunque no reglamentado en ninguna ley especial a pesar de que nuestra Carta Magna así lo ordena y otras legislaciones secundarias e incluso los Lineamientos mencionados, hacen referencia a ella; es decir, los conflictos en los que se deba ponderar el derecho de réplica deberán analizarse como hasta ahora se ha hecho: con base en los estándares interpretativos de los derechos a la libre expresión y a la información (que se refieren, en resumen, a respetar los derechos de terceros –honor, vida privada, propia imagen– la moral, el orden público, y que no provoque algún delito).

Ahora bien, hace 2 años se promulgó en Ecuador la Ley Orgánica de Comunicación, en la que se regulan diversas obligaciones a cargo de los periodistas y medios de comunicación, mencionando expresamente que la misma “no regula la información u opinión que de modo personal se emita a través de internet”. Sin embargo señala en su artículo 20 que
 
Los comentarios formulados al pie de las publicaciones electrónicas en las páginas web de los medios de comunicación legalmente constituidos serán responsabilidad personal de quienes los efectúen, salvo que los medios omitan cumplir con una de las siguientes acciones:
  1. Informar de manera clara al usuario sobre su responsabilidad personal respecto de los comentarios emitidos;
  2. Generar mecanismos de registro de los datos personales que permitan su identificación, como nombre, dirección electrónica, cédula de ciudadanía o identidad, o;
  3. Diseñar e implementar mecanismos de autorregulación que eviten la publicación, y permitan la denuncia y eliminación de contenidos que lesionen los derechos consagrados en la Constitución y la ley.
Más allá de las consideraciones sobre la censura previa que, contra todo parámetro internacional, se establece en el citado numeral 3, es importante resaltar que en dicho artículo se obliga a los medios a “generar mecanismos de registros de los datos personales” de los usuarios que comenten los contendidos de sus páginas web, con el fin de identificarlos, datos en los que se incluye ¡su cédula de ciudadanía o identidad!

Asimismo, la norma en comento en su párrafo final establece que “los medios de comunicación solo podrán reproducir mensajes de las redes sociales cuando el emisor de tales mensajes esté debidamente identificado; si los medios de comunicación no cumplen con esta obligación, tendrán la misma responsabilidad establecida para los contenidos publicados en su página web que no se hallen atribuidos explícitamente a otra persona”.

Es así que, si un medio de comunicación quiere evitar la responsabilidad que pudiera surgir de las expresiones que uno de los usuarios de sus páginas web escribiera como comentario a alguno de sus contenidos, debe recabar sus datos personales a efecto de identificarlo plenamente y llegado el caso, atribuirle a éste la responsabilidad. En caso de que el usuario no proporcione todos su datos, entonces el medio puede no publicar el comentario, denunciarlo o eliminarlo.

Como sabemos, en las páginas web de los medios de comunicación, para publicar un comentario sobre alguna noticia, puede solicitarse al usuario que se registre, que proporcione un nombre y correo electrónico e incluso algunas permiten que se haga libre y anónimamente. En el caso de las redes sociales de dichos medios, quien hace el comentario se encuentra registrado como miembro de la misma red. Ello sin perjuicio de que dichos comentarios puedan eliminarse por infringir ciertas “normas de conducta”, por ejemplo, si se expresaron con groserías e insultos.

De cualquier forma, lo anterior no quiere decir que los datos proporcionados por el usuario sean fidedignos ya que puede registrarse con datos falsos o que, aún siendo verdaderos, no permitan su “plena identificación”, tal como lo busca la mencionada ley ecuatoriana y precisamente por ello exige que los medios registren la cédula de identidad y ciudadanía de los usuarios.

Pareciera que el Estado ecuatoriano busca proteger los derechos de terceros que pudieran verse afectados con información inexacta o falsa, incluyéndose él como parte de esos terceros, buscando así quién responda de la publicación de información contraria a los intereses del mismo, por lo que si no pudiera atribuírsela a un usuario en concreto, entonces sancionará al medio de comunicación por haber omitido: (i) advertirle sobre su responsabilidad personal, (ii) identificarlo plenamente, y (iii) implementar mecanismos de autorregulación que impidieran la publicación del comentario, su denuncia y eliminación.

Las sanciones administrativas que se pueden imponer en Ecuador, a través de la Superintendencia de la Información y Comunicación (cuyo titular es propuesto por el Presidente), y que son independientes de las sanciones judiciales (civiles o penales) que pudieran también imponerse, van desde amonestaciones y multas, hasta rectificaciones y disculpas redactadas por dicha Superintendencia, publicadas exactamente en el mismo espacio, horario, sección, dimensiones y tiempo en el que fueron publicadas las informaciones consideradas falsas e inexactas.

Sin perder de vista que, como todo derecho fundamental, la libre expresión no es absoluta, cabe preguntarnos: ¿hasta dónde es válido que el Estado obligue a recabar datos personales como la cédula de identidad y ciudadanía de los usuarios de internet con el fin de atribuirles responsabilidades por los comentarios que publiquen?, ¿si el medio de comunicación falla en ello es válido atribuirle responsabilidad por la opinión de un tercero?, ¿es materialmente posible que se sancione a todas y cada una de las personas que se manifiestan en contra del gobierno?, ¿esas sanciones son necesarias y proporcionales?, ¿no tendrán, por el contrario, un efecto inhibidor de la libre de expresión?, ¿y si el usuario que comenta no es ecuatoriano?

Los cuestionamientos que pudieran surgir con la aplicación de dicha ley son muchos y a pesar de que, como señalé, habrá que analizar cada caso con sus particulares circunstancias, considero que los mismos son sólo explicables en un Estado que desdeña y pisotea la causa y consecuencia de toda sociedad que se jacte de ser democrática: la libertad de expresión.

En México, por el contrario, no tenemos normas que se asemejen a las aquí mencionadas, lo cual no quiere decir que las expresiones manifestadas y difundidas en internet no puedan exceder los límites de los derechos de expresión e información y, por tanto, ser causantes de responsabilidades ulteriores a su emisor, ya que dichas manifestaciones podrán ser analizadas a la luz de los estándares nacionales e internacionales que sobre las libertades informativas se han establecido y que serán analizados en la segunda parte de este artículo, donde estudiaremos las expresiones e informaciones protegidas y no protegidas, la influencia del contexto, tipo de manifestación y sujetos involucrados, y las sanciones que pueden imponerse.

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