Certificación “Abogado Digital”
La Academia Mexicana de Derecho Informático lanza la Certificación “Abogado Digital” (CAD) cuya convocatoria queda abierta desde el mes de junio de 2018. Este Certificado es el primero en su tipo en Iberoamérica. El CAD tiene por objeto reconocer a los profesionales del derecho que acrediten competencias y conocimientos suficientes sobre al menos tres de los seis dominios descritos a continuación:
- Amplio conocimiento de la legislación mexicana y panorama regulatorio internacional de la propiedad intelectual (derechos de autor y propiedad industrial).
- Capacidad de identificar los retos legales que enfrentan los derechos de propiedad intelectual en el ámbito digital, así como para diseñar estrategias para defender estos derechos.
- Dominio de las políticas de solución de controversias sobre nombres de dominio más relevantes (UDRP y LDRP.mx). Capacidad para presentar y contestar demandas o solicitudes de controversia sobre nombres de dominio.
- Amplio conocimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como normatividad secundaria en la materia.
- Conocimiento general sobre el marco jurídico internacional de protección de datos personales (RGPD y Privacy Shield).
- Capacidad para prevenir y diagnosticar problemas concretos derivados del incumplimiento de la ley aplicable en la materia, especialmente cuando se traten datos en la nube u otros medios digitales.
- Habilidad para presentar y contestar solicitudes de protección de derechos ante el INAI. Conocimiento sobre los procedimientos que pueden llevarse a cabo ante la autoridad garante.
- Capacidad para desarrollar e implementar políticas de protección de datos al interior de una organización pública o privada.
- Amplio conocimiento de la legislación federal y estatal (al menos 5 estados) que tipifica los delitos informáticos, así como aquella que regule diversos aspectos de la seguridad de la información (disponibilidad, confidencialidad e integridad de la información).
- Conocimiento general sobre el marco jurídico internacional de los delitos informáticos (Convenio de Budapest, ley americana y leyes de al menos 2 países latinoamericanos).
- Habilidad para diseñar estrategias de prevención de ciberdelitos en empresas e instituciones públicas.
- Capacidad para desarrollar e implementar políticas de seguridad de la información y privacidad.
- Amplio conocimiento de la legislación nacional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.
- Conocimientos generales sobre el marco regulatorio internacional y organismos internacionales en materia de telecomunicaciones.
- Amplio conocimiento sobre la historia, organizaciones y funcionamiento del ecosistema de gobernanza de internet (con énfasis en ICANN).
- Amplio conocimiento de la Estrategia Digital Nacional y del Manual Administrativo de Aplicación General en las materias de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y de Seguridad de la Información (MAAGTICSI).
- Amplio conocimiento de la legislación nacional y tesis jurisprudenciales en materia de comercio electrónico, prueba electrónica, protección al consumidor en el entorno digital, firma electrónica, digitalización y conservación de mensajes de datos y prestadores de servicios de certificación.
- Conocimientos generales sobre derecho tributario electrónico, derecho aduanero electrónico y aspectos legales del uso de tecnologías de información en entornos laborales.
- Habilidades para asesorar startups digitales, así como para identificar los retos jurídicos del financiamiento de emprendimientos digitales.
- Amplio conocimiento de la legislación nacional aplicable a drones, cómputo en la nube, fintech y criptomonedas.
- Capacidad de diseñar estrategias legales preventivas, así como para identificar las implicaciones legales, retos y oportunidades del uso de tecnologías disruptivas, novedosas o no reguladas (big data, robots, inteligencia artificial, blockchain).
- Habilidades para detectar oportunidades e identificar riesgos derivados del uso de tecnologías al servicio del derecho y la evolución de la industria legal digital (legaltech, regtech e inteligencia artificial).
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